Pese a que las últimas estadísticas reflejan un descenso de los robos en el campo cordobés, los agricultores de la provincia han comenzado ya a organizarse a través de las patronales agrarias ante lo que consideran un problema que no termina de resolverse y que provoca pérdidas importantes cada año. Tanto Asaja como COAG prevén adoptar actuaciones concretas para intentar evitar los hurtos y robos que se siguen produciendo. Ya no es solo aceituna, ajos, hortalizas u otros cultivos los que son sustraídos por los delincuentes, sino que, como reconoce la Guardia Civil, se está detectando en esta campaña una nueva tipología delictiva que consiste en el robo de inversores y transformadores eléctricos, así como otros equipamientos como acumuladores o cableado.

Ante esta situación, Asaja Córdoba ya ha elaborado un proyecto de seguridad privada que prevé la contratación de vigilantes jurados en las zonas donde se están produciendo más casos. Para ello, ha abierto el plazo de inscripción entre los asociados que estén interesados en esta iniciativa. "Estamos trabajando con empresas y para después del verano pondremos vigilancia privada ante la falta de resultados de la Subdelegación del Gobierno", afirma el secretario general de Asaja, Rafael Navas, que asegura que pedirá a las administraciones que se cubran parte de los gastos y haya reducciones de impuestos al estimar que no se está garantizando la seguridad en el campo. En principio, Asaja contempla iniciar este proyecto en las fincas situadas en la margen izquierda del Guadalquivir, en municipios como Córdoba, Almodóvar, Guadalcázar o La Carlota. Asaja también pide cambios en la legislación y que se endurezcan las penas ante la reiteración de los casos. A pesar de esto, Navas resalta la labor que está haciendo la Guardia Civil y la Polícia Nacional, "que es intachable", aunque considera que faltan recursos y personal para evitar los robos de aperos y maquinarias como grada de discos, motores, cableado, transformadores y otros utensilios de las explotaciones.

El secretario provincial de COAG, Francisco Garrido, también denuncia la falta de medidas para frenar los robos en las zonas rurales, por lo que asociados de esta organización de Puente Genil, Santaella o Fernán Núñez ya están pensando en la creación de cuadrillas nocturnas o llegar a acuerdos con los guardas de los cotos para que estos puedan llevar a cabo labores de vigilancia en las explotaciones cordobesas.

Uno de los municipios en los que se están tomando medidas de prevención desde hace ya dos años es Lucena. Así, tanto la cooperativa Olivarera como la de Nuestra Señora de Araceli vienen colaborando, junto al Ayuntamiento, en la contratación del servicio de vigilancia por parte de los guardas de los cotos de caza. El presidente de la Olivarera, Francisco Mora, defiende la cooperación con los guardas de cotos y considera que es más útil que la contratación de vigilantes jurados que no suelen conocer las fincas. "La presencia de la guardería se está notando en la disminución de los robos", indica Mora.

 

"Hay que acabar con la influencia Bilderberg"

 

Declaraciones del especialista en seguridad y conflictos Víctor González (II)
“Hay que acabar con la influencia Bilderberg"
- ¿De qué se encarga la seguridad privada?

- La seguridad privada se ocupa ya a estas alturas de lo mismo de lo que se ocupa la seguridad pública. Ambas son compatibles y complementarias, se necesitan. Hay pues que hacer un esfuerzo por conseguir de la seguridad privada la mayor  transparencia y control por parte de los entes públicos pero también la formación y las condiciones laborales que precisa todo profesional en su sector para poder desarrollarse como tal y al paso conciliar su trabajo con su vida familiar. Ahora mismo tenemos un sector emergente, que está teniendo que soportar un intrusismo atroz por el interés bastardo en abaratar los servicios, no bajando los beneficios empresariales, sino abaratando la calidad de la mano de obra y por ende calidad y las condiciones laborales.

Un trabajo para que pueda ser considerado como tal tiene que permitir al individuo que lo realiza por un lado desempeñar las funciones propias de su perfil laboral satisfaciendo las necesidades de quienes los contratan, y por otro poder VIVIR con los emolumentos propios de su profesión, teniendo unas condiciones de empleo y un horario laboral salubre. Esto ahora mismo no se está dando, y tenemos todo un abanico de irregularidades en el sector que están contribuyendo a que se sucedan circunstancias no deseables por las que se está haciendo pagar como responsables a los trabajadores cuando son responsables por un lado las empresas de seguridad con su guerra de precios y sus zambullidas en la precariedad laboral. Las instituciones que son capaces de contratar servicios para centros públicos que se pagan ya en la contrata por debajo de lo que marca el convenio colectivo.

El Ministerio del Interior que, en lugar de velar por las condiciones de trabajo de estos profesionales de SU MISMO SECTOR, se deja ningunear a la hora de controlar la calidad de los servicios y que impone unos requisitos a los profesionales que a la vista de la calidad de vida y de las condiciones laborales no tienen mas razón que la de hacer de este sector el de un sector SOLO DE PASO. ¿Como puede ser considerado razonable tener contratado a un profesional que está para defendernos en un determinado momento y que se juega día a día el físico, formado, con un expediente penal impecable, con unos horarios tan especiales, con unas condiciones sindicales tan especificas y que luego sus salarios sean similares e incluso peores a los de otros perfiles laborales sin ningún tipo de cualificación y con niveles de responsabilidad mucho menores?

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